El Tribunal Supremo ha dictado dos providencias en el marco de los recursos presentados por las comunidades aut\u00f3nomas de Valencia y Arag\u00f3n contra determinados aspectos del Real Decreto 316\/2026, conocido como el Real Decreto de regularizaci\u00f3n de extranjeros. En ellas, la Sala Tercera abre la posibilidad de valorar la presentaci\u00f3n de una cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE).<\/p>\n\n\n\n
Antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas, la Sala ha concedido a las partes un plazo com\u00fan e improrrogable de cinco d\u00edas para que expresen su parecer sobre la procedencia de formular una cuesti\u00f3n prejudicial interpretativa ante el TJUE.<\/p>\n\n\n\n
La posible cuesti\u00f3n prejudicial estar\u00eda relacionada con determinados aspectos del Real Decreto que, seg\u00fan recogen las providencias del Tribunal Supremo, podr\u00edan, en su caso, entrar en conflicto con el Derecho de la Uni\u00f3n Europea. Este mecanismo permite a los tribunales nacionales solicitar al TJUE una interpretaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n cuando consideran que esta puede resultar relevante para la resoluci\u00f3n de un procedimiento.<\/p>\n\n\n\n
Es importante destacar que el Tribunal Supremo no ha planteado todav\u00eda dicha cuesti\u00f3n prejudicial ni ha resuelto sobre las medidas cautelares solicitadas. En esta fase, \u00fanicamente ha dado traslado a las partes para que manifiesten su posici\u00f3n antes de decidir si procede acudir al TJUE.<\/p>\n\n\n\n
La evoluci\u00f3n de este procedimiento permitir\u00e1 conocer si finalmente el Tribunal Supremo decide plantear la cuesti\u00f3n prejudicial al TJUE y c\u00f3mo continuar\u00e1 la tramitaci\u00f3n de estos recursos.<\/p>\n\n\n\n