El pasado 17 de enero de 2026, en Asunción, se firmó la alianza comercial que une a la Unión Europea con el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a diversos Estados Asociados como Chile, Colombia y el reciente miembro Panamá, creando un mercado de 800 millones de personas que genera una cuarta parte de la riqueza global.

En términos prácticos, el tratado eliminará gradualmente los aranceles para el 90% del intercambio comercial, mientras que, el sector agropecuario del Mercosur obtendría un acceso preferencial al mercado europeo, protegiendo la estabilidad de los mercados mediante cláusulas de salvaguardia. Este pacto es una declaración geopolítica a favor de la cooperación global y la prosperidad a largo plazo. Aunque la vigencia plena depende de la ratificación de cada país, naciones como Brasil ya se preparan para iniciar su aplicación efectiva durante el segundo semestre de 2026.

Si nos enfocamos en el punto de vista de la movilidad, es fundamental entender que la firma del tratado abre nuevos caminos para la movilidad de talento extranjero entre los países miembros; bajo esta nueva realidad, el acuerdo facilitaría el traslado interno de personal especializado entre compañías del mismo sector en los distintos países que forman parte del acuerdo, permitiendo que las empresas trasladen a sus directivos y especialistas clave sin los obstáculos que hoy pueden llegar a dilatar los proyectos durante meses.

Una de las principales incógnitas que se desprenden del escenario regional actual, trata del papel de Venezuela bajo la nueva situación política que atraviesa. Un eventual reingreso de Venezuela al Mercosur, condicionado a la normalización institucional que exige el bloque, transformaría al país en la principal fuente energética del acuerdo.

Para la Unión Europea, esto representaría una oportunidad para diversificar su suministro energético bajo estándares de sostenibilidad, donde el capital europeo no solo buscaría extraer crudo, sino modernizar la infraestructura venezolana bajo criterios ambientales y sociales europeos, convirtiéndose en un modelo de transición energética protegida por tratados internacionales.