Cambios en la migración laboral en Malta: que no frenen tu estrategia internacional.
A partir del 1 de agosto de 2025, entraron en vigor nuevas disposiciones relacionadas con la gestión de la migración laboral en Malta, como parte de la actualización de la Política de Migración Laboral llevada a cabo por el Gobierno. Las medidas afectan a los procedimientos administrativos gestionados por Identità, la entidad responsable de los permisos de residencia y de trabajo, y tienen un impacto directo en la contratación de ciudadanos de terceros países (no comunitarios).
Entre los principales cambios destaca la obligación de publicar previamente las ofertas de empleo durante un mínimo de tres semanas antes de solicitar el permiso de trabajo. Se prevén exenciones o requisitos menos estrictos para determinados perfiles cualificados y sectores como la sanidad, la educación o la tecnología.
También se actualizan los umbrales salariales para acceder a permisos especiales: los solicitantes en el marco de la Iniciativa de Empleo Clave (KEI) deberán acreditar un salario bruto mínimo anual de 45 000 euros, y de 30 000 euros en el caso de la Iniciativa de Empleo para Especialistas (SEI).
Se establece un período de gracia de 30 días —prorrogable por otros 30— para los trabajadores extranjeros cuyos contratos hayan finalizado, así como la obligación de que los empleadores notifiquen las contrataciones o los despidos en un plazo de cuatro días laborables. Además, las empresas deberán cumplir con una cuota mínima del 2 % de empleo para personas con discapacidad si desean contratar a nacionales de terceros países.
Otras medidas incluyen la restricción de la solicitud de permisos de trabajo desde Malta para quienes entren con un visado de visitante, la obligación de completar un curso previo en línea sobre la lengua y la cultura maltesas, y la implantación, en octubre, del pago de salarios únicamente a través de entidades financieras autorizadas. También se concederán permisos provisionales a determinados solicitantes exentos de visado y se ofrecerán medidas de protección específicas para las víctimas reconocidas de la trata de personas.
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