Spain’s Supreme Court has issued two procedural orders in connection with the appeals brought by the regional governments of Valencia and Aragón challenging certain provisions of Royal Decree 316/2026, commonly referred to as the Foreign Regularization Decree. Through these orders, the Court has opened the possibility of referring questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU) for a preliminary ruling.
Antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas, la Sala ha concedido a las partes un plazo común e improrrogable de cinco días para que expresen su parecer sobre la procedencia de formular una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE.
The potential referral would concern certain provisions of the Royal Decree which, according to the Supreme Court’s procedural orders, could potentially conflict with European Union law. This mechanism allows national courts to seek guidance from the CJEU on the interpretation of EU law when such interpretation may be relevant to resolving a case.
Es importante destacar que el Tribunal Supremo no ha planteado todavía dicha cuestión prejudicial ni ha resuelto sobre las medidas cautelares solicitadas. En esta fase, únicamente ha dado traslado a las partes para que manifiesten su posición antes de decidir si procede acudir al TJUE.
La evolución de este procedimiento permitirá conocer si finalmente el Tribunal Supremo decide plantear la cuestión prejudicial al TJUE y cómo continuará la tramitación de estos recursos.
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